6 de junio del 2000 -LA CAPITAL-

La exfuncionaria de María Julia Alsogaray denunció persecuciones

 

La madre de la niña que, recientemente fue sometida a una prueba de ADN con relación al Caso Cigarreta, denunció que es víctima persecución judicial.

 

La exfuncionaria de María Julia Alsogaray, una de cuyas hijas fue sometida a un estudio de ADN con relación al "Caso Cigarreta", presentó una nota al juez Pedro Federico Hooft en la que plantea las "persecuciones legales, vigilancia policial e investigaciones" a que es sometida junto con sus dos niñas.

Cabe recordar que la semana pasada se conocieron los resultados negativos del ADN que le realizaron a su hija menor en el Hospital Durand para ser comparados con el de Rocío Cigarreta.

La mujer, en su nota al doctor Pedro Hooft, describió las diligencias cumplidas -a las cuales asistieron las partes interesadas- para aventar toda duda sobre esa diligencia.

Debe tenerse en cuenta que, recientemente, el juez Hooft ordenó diversas medidas tendientes a acreditar si la niña que fue presentada para la extracción de muestras sanguíneas es, realmente, la pequeña investigada.

Si bien el texto de la nota no contiene un claro pedido al magistrado marplatense, en el discurrir de temas relacionados con el caso, se aprecia una intención de exponer los hechos, como principal argumento exculpatorio.

 

Presentación espontánea

 

En la primera parte de la nota, la ex funcionaria, que firma el escrito con su marido, y que a su vez lo hace en representación de sus hijas investigadas, destaca que"nos presentamos espontáneamente, poniéndonos a disposición del Tribunal", en la pesquisa iniciada por el caso Cigarreta, sin poner reparos para que se realizara la prueba de ADN. -

Después denosta lo que considera"el estrépito mediático"al que fue sometido esta causa y "generador de climas usualmente poco propicios para una serena y eficaz labor jurisdiccional y forense' y que 'algunas han tomado desmedido estado público en estos días".

Tras resaltar que el objetivo de ellos es "aproximar algunas consideraciones y elementos de juicio", afirma que lo hacen para contribuir "a una mejor y más inmediata y adecuada dilucidación de los hechos o, cuando menos, de algunos de sus aspectos relevantes".

 

"Bastarda misiva"

 

Con respecto a su presencia en esta investigación que ha tenido tantas derivaciones, la circunscribe a 'la bastarda noticia de una misiva anónima y sin matasellos postal recepcionada en la Fiscalía de Cámara 3 de la Capital Federal, a cargo del fiscal Norberto Julio Quantín (también, titular de la "comisión nacional de fiscales para la investigación de delitos relacionados con la sustracción y el tráfico de menores de edad del poder de sus padres").

En esta nota - acota- "se formulaban imputaciones específicas acerca de la condición de nuestras dos hijas menores, y genéticas sobre integración de una organización dedicada a tráficos de niños y órganos", entre otras cosas.

Y agrega que estas sospechas provienen de la interceptación de un fax enviado desde Posadas (Misiones) al despacho en el Congreso de una diputada de la nación, que según se estima, se trataría de Norma Ancarani de Godoy.

 

División de la causa

 

A continuación, puntualiza los trámites realizados a partir del desmembramiento de la causa entre dos jurisdicciones: la parte correspondiente a la hija menor a la mencionada provincia mesopotámica, y la de la hija mayor, para ser investigada en sede porteña.  Y a los sobreseimientos obtenidos en esos tribunales.

Después de subrayar el efecto nocivo de las "versiones parcializadas" que se han hecho correr en este caso, más allá de los logros jurisdiccionales, alude a las tareas de inteligencia de las que fueron objeto (ver aparte) que motivó que presentaran un recurso de "hábeas corpus", que fue rechazado.

,Y destina una párrafo para decir que " la condición de funcionario público de aquel o de este oficialismo , no debe ser ningún "bill de indemnidad" para nadie ,pero tampoco puede constituirse en una persecución en contra para quienes la detente,y no guarda relación alguna con la índole de los hechos en cuya ´permanente persecución fuera acosado todo nuestro grupo parental. 

 

Los hechos

 

Cabe señalar que el fiscal Quantín tiene a su cargo la investigación de presuntos casos de tráfico de niños a Mar del Plata. Tras recibir un anónimo inclinó su investigación sobre la diputada Norma Godoy, quién en los últimos tiempos -ante informaciones periodísticas- salió a aclarar que no está imputada en causa alguna.

Un cruce de llamadas en las que aparecen comunicaciones telefónicas entre Mar del Plata, Misiones y Capital Federal generó la hipótesis de la "triangulación".

La existencia de llamadas entre la Clínica del Niño y la ciudad de Posadas torció la hipótesis del fiscal hacia el Caso Cigarreta.

Quantín giró entonces sus actuaciones a la justicia marplatense, planteando la sospecha de que la niña menor que estaba en poder de esa funcionaria podría ser, en realidad, Rocío Cigarreta.

Eso motivó que la pequeña fuera sometida a un examen de ADN que, al ser cotejado con el de Rocío, arrojó resultados negativos.

Posteriormente surgieron algunas dudas, ya que la fisonomía de la niña examinada no coincidía con una fotografía adjuntada a la causa.Eso motivó que el juez Hooft decidiera ampliar la investigación para determinar si hubo un cambio intencional.

Una versión indica que, durante la tarea de inteligencia previa efectuada por la Policía Federal a requerimiento del fiscal Quantín, fue fotografiada la hermana mayor de la nena investigada.Ese error podría haber generado la confusión que ahora procura dilucidar la justicia.

Vigilados por orden del fiscal

 

A partir del inicio de la causa, la autora de la nota al juez Hooft, describe las "tareas de inteligencias la que fue sometida junto con su esposo y sus dos hijas.  Afirrna que "descubrimos reiteradas actividades de vigilancia alrededor de nuestro domicilio y grupo familiar, que incluía seguimientos vehiculares y peatonales, pesquisas, fotografías y filmaciones clandestinas de nuestras dos hijas".

Cuando presentaron un "hábeas corpus", todos las organismos que podrían realizar esta tarea dieron a conocer sus  sendas respuestas negativa acerca de que existieran órdenes de cumplir con esta diligencia.  Entonces, se instruyó una causa, que aún hoy se tramita, ya que temieron que podrían ser víctimas de un posible "secuestroextorsivo".

Refiere que debido a que "el acecho, los seguimientos y demás persecuciones continuaban y comprendían a nuestra hija mayor -que ya había sido excluida del proceso por decisión judicial-".  Y revela que después de anotar los números de las patentes y realizar otras averiguaciones, llegaron a comprobar que los seguimientos "eran obra de la Policía  Federal"  y que respondían a una orden del fiscal Quantín".

 

 

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