María Julia Alsogaray, ex rematadora oficial de Estado, Mabel Behal, ex jefa de Gabinete de la rematadora, y Norma Godoy, diputada nacional e íntima de la rematadora, ‘han traspasado –en palabras del presidente del bloque justicialista de diputados, Humberto Roggero- los códigos de la política’. Las tres mujeres están involucradas –por acción, denuncia u omisión- en un delito que hasta para la dura piel del político medio nativo resulta deleznable: el tráfico de bebés.

Rocío Cigarreta es una desaparecida de la democracia. La investigación que hoy se sigue para determinar su paradero, salpicó como ninguna otra causa a las tres poderosas mujeres que, a pesar de la abrumadora prueba en su contra, aún no han padecido serios contratiempos judiciales. Antes y ahora mantienen una buena dosis de impunidad. Esto es: el paraguas del poder aún las protege.

Del combo, las más afectada es Mabel Behal. Esta abogada de 46 años, que se encargó de la ingeniería legal y que administró los créditos internacionales que pasaron por la Secretaría de Recursos Naturales, no puede demostrar que es la madre natural de su hija. Pero la investigación de un delito privado, como la sustitución de identidad y la falsificación de documento público, pone de manifiesto la utilización de los cargos en la función pública para satisfacer las necesidades personales. En este caso la maternidad.

Mabel Behal tiene dos hijas: Lucía, adoptada, nacida el 23 de mayo de 1996, en Oberá, Misiones; y Catalina –inscripta como hija natural de su matrimonio con Oscar Banchio-, nacida el 24 de octubre de 1997, en Posadas. Lucía –nombre original Rosa, hija de Mirta Cáceres, de 16 años de edad-, fue “adoptada” a las 24 horas de su nacimiento, a través de la Actuación Notarial 211191, del 24 de mayo de 1996, realizada por la escribana Lía Norma Fernández de Oliver, de Misiones. La Actuación dice: “Mirta Cáceres dio a luz una niña a favor de los esposos Oscar Banchio y Mabel Behal”. Se cedió la posesión de un bien material. En este caso una niña recién nacida.

La inscripción del nacimiento de Catalina, la supuesta hija natural del matrimonio Behal-Banchio, tiene irregularidades grotescas: el domicilio donde se habría efectuado el parto en Misiones corresponde a la “Clínica de Ojos”, del Dr. Eduardo Barreiro. En dicha Clínica, como su nombre lo indica, sólo se atienden afecciones oculares. Más grave aún fue la declaración de médico Barreiro –padre del oftalmólogo- ante los investigadores judiciales: informó que 1996 –un año antes del supuesto nacimiento de Catalina-, se jubiló por invalidez pero, ya en 1984, había dejado de atender partos.

Los problemas para la diputada Norma Ancarani de Godoy, mientras tanto, comienzan con el domicilio que dio el matrimonio Behal-Banchio durante la supuesta estadía en Misiones para dar a luz a Catalina: en Azara 233, Posadas, vive Lucrecia Ancarani, hermana de la diputada.

Estas dos circunstancias, entre muchas otras, le dieron entidad a una denuncia anónima recibida por el fiscal Norberto Quantin, en julio de 1998. La denuncia fue acompañada por un fax recibido en el despacho de la diputada Godoy. Intercalando palabras en guaraní y castellano señala de modo textual: “El manita (niño) “home” (hombre) fi (en) LH el bulet (peso) 2,700 Kg. El home (hombre) era el padrastro y eny (mujer) de la casa. Hay que hacer como que el mana (bebe) lo tubo, si no es para ella, para Lili, necesito urgente contestación y autorización. LU. (Lucrecia Ancarani)”.

Esta denuncia dio origen a la investigación de una comisión de fiscales dedicados a resolver causas vinculadas con el tráfico de bebés. El primer elemento que saltó a la vista de los investigadores fue la posible triangulación: en Mar del Plata, donde desapareció Roció Cigarreta, vive la diputada Norma Godoy; en Misiones, donde habría nacido Catalina Banchio-Behal, vive Lucrecia, hermana de la diputada, y en Buenos Aires, donde trabajan Godoy y Behal, apareció una denuncia que la investigación confirmaría paso a paso: “Behal fraguó –dice el texto- en complicidad con un médico toda la documentación que acredita el embarazo y nacimiento como propio. Es de destacar que este particular caso es referido al segundo hijo de la Dra. Behal, sospechándose que el primero lo haya sido por igual operatoria. Es de destacar también que la diputada Norma Ancarani de Godoy reside actualmente en la ciudad de Mar del Plata, lugar este en el que también han desaparecido menores recién nacidos diciéndoles a sus padres que los mismos habían nacido muertos”. A los padres de Rocío Cigarreta, la niña desaparecida en Mar del Plata que dio origen a la investigación, los médicos de la Clínica del Niño les dijeron que su niña había muerto y le entregaron un cadáver. Cuando se lo exhumó y se lo sometió a un análisis de ADN se determinó que esa beba no era hija del matrimonio Cigarreta.

Mabel Behal tuvo en sus manos la posibilidad de detener la investigación sobre su maternidad, pero no lo hizo. Se negó en cinco oportunidades, la última en el mes de julio pasado y por escrito, a someterse a una análisis de ADN que acredite su vinculo con Catalina, inscripta como hija natural. De acuerdo a Ley 23511, artículo 4, esa negativa significa una presunción en su contra. Lo que Mabel Behal está obligada a encubrir es la intima e inexplicable relación que la une con la diputada Ancarani de Godoy y a ésta con María Julia Alsogaray.

En la Secretaría de Recursos Naturales ésta investigación obtuvo el testimonio de más de diez empleados que jamás vieron a Mabel Behal embarazada. Miguel Craviotto, ex asesor de Behal y director de Ordenamiento Ambiental durante la gestión anterior y aún hoy en el cargo, deslizó en un exceso de confianza que Behal nunca estuvo embarazada. Esa confidencia quedó registrada en un grabador. Del propio legajo de la funcionaria se desprende la misma certeza: nunca solicitó licencia por maternidad. Este hecho no puede pasar desapercibido para Abel Bertucci, director de Recursos Humanos de la Secretaría de Recursos Naturales y mantenido en el cargo durante la actual gestión, debido a la demora de la jefatura de Gabinete en elaborar la nueva ley de ministerios.

Por testimonios de empleados de la secretaría -y por la documentación que respalda esos testimonios- quien tenía entrada libre al despacho de María Julia era Norma Ancarani Godoy. La diputada es titular de la Fundación Capacitando, dedicada formalmente a la discapacidad. Sin embargo, recibió un subsidio de 600 mil dólares para crear una reserva ecológica en la zona serrana de Mar del Plata. A cargo de la Unidad Ejecutora que administró los créditos del Banco Mundial, y de donde salieron los u$s 600 mil para el subsidio, se desempeñó Oscar Banchio, marido de Marido Behal. Este hecho fue denunciado la última semana de julio ante la Oficina Anticorrupción.

La buena llegada de Godoy con María Julia le permitió, además, beneficiarse con la donación de cinco vehículos de la Secretaría. “La entidad recurrente –Fundación Capacitando- tiene por objeto la protección y asistencia del discapacitado”, señala la Resolución 031, de diciembre de 1997, firmada por Alsogaray y en donde dispuso “ceder sin cargo” dos Fiat Duna, dos Ford Falcon y una Ducato propiedad del Estado nacional a la diputada Godoy. Significativo: 1) María Julia cedió vehículos que no le pertenecían; 2) si a la Fundación Capacitando le cedió vehículos para destinarlos a sus tareas de ayuda a discapacitados, ¿por qué a la misma Fundación la subsidió con u$s 600 mil para destinar a la creación de una reserva ecológica?

La cuestionada maternidad de Mabel Behal debió ser investigada en su momento por el juez de Instrucción Federico Salvá, de Capital Federal. Pero el juez, que tiene entre sus secretarías a la sobrina de Hugo Anzoreguy, resolvió archivar la causa. Antes de hacerlo, cuando por pedido de la fiscalía debió intervenir los teléfonos de la funcionaria, anunció esa decisión al abogado de Behal, con la cual la medida perdió todo interés investigativo.

En Mar del Plata, mientras tanto, el juez que debió investigar la desaparición de Rocío Cigarreta -y las conexiones Behal, Godoy, Alsogaray- es Esteban Viñas. La medida más trascendente que tomó Viñas en casi tres años de investigación fue archivar la causa, el 29 de diciembre de 1999. Esa decisión fue rechazada por la Cámara de Apelaciones y derivada a un nuevo juez, Pedro Hooft.

La inactividad del juez Viñas en tres años de supuesta investigación se justifica luego de reconstruir la trama de relaciones del poder judicial marplatense: el fiscal general es Fabián Fernández Garelo –sub comisario de la Policía bonaerense y casado con Andrea Marcón, también oficial de la bonaerense-, el fiscal general adjunto es Juan Manuel Pettigiani –hijo de Eduardo Pettigiani, actual juez de la Suprema Corte de Justicia provincial-. Ambos son los responsables máximos en la acusación contra Norma Godoy. Pero resulta que son del mismo palo.

En 1995 el actual fiscal Fernández Garelo accedió a una banca de concejal por el Partido Justicialista. La lista la compartió con Eduardo Pettigiani –candidato a intendente-, y con Norma Godoy –candidata a diputada nacional-. Ese trío tiene un nuevo punto de encuentro en la Federación de Adoradores de Santo Tomas de Aquino –Fasta-, que es la propietaria de la única universidad privada de Mar del Plata. La carrera de derecho de la universidad cuenta entre sus profesores a Fernández Garelo, Eduardo Pettigiani y al juez Esteban Viñas.

En marzo pasado la secretaría de Seguridad provincial firmó un convenio de instrucción para oficiales de la Policía bonaerense con la universidad de Fasta. El funcionario que representó a la Secretaría en las gestiones del acuerdo fue Héctor Seri, hombre vinculado con Aldo Rico. Otra de sus vinculaciones es la diputada Norma Godoy, a quien acompaña como director de la Fundación Capacitando, beneficiada por las donaciones de María Julia.

Será Justicia.