Miércoles 18 de octubre de 2000 - Clarin-

MAR DEL PLATA Por la desaparición de un bebé citan a declarar a una diputada Es Norma Godoy, del PJ · Debe presentarse el lunes · También citaron a Mabel Behal, ex funcionaria de la secretaría de María Julia Alsogaray · Declararán como "imputadas no procesadas" en el caso Cigarreta

GUILLERMO VILLARREAL. Mar del Plata. Corresponsal. El juez que investiga la desaparición de una beba marplatense —causa que estaría vinculada a una presunta organización dedicada al tráfico de bebés— citó a declarar a la diputada nacional Norma Ancarani de Godoy y a una ex funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente nacional. Una alta fuente de la Justicia local reveló a Clarín que tanto la diputada como Mabel Behal —quien fue jefa de gabinete de la secretaría que presidía María Julia Alsogaray— deberán presentarse en los Tribunales "en calidad de imputadas no procesadas" y que sus declaraciones serán de carácter informativo. Por razones institucionales, Norma Godoy, diputada por el Partido Justicialista, fue notificada ayer a través de la presidencia de la Cámara de Diputados. En la mañana del lunes 23, el juez Pedro Federico Hooft evaluará si hay algún compromiso de Godoy y Behal en una causa cuya carátula es "Sustracción de menor, supresión de identidad y falsificación de documento público", relacionada con la desaparición de la beba Rocío Cigarreta. La misma fuente no descartó que a partir de lo que declaren las mujeres puedan ser citados, también para una declaración informativa, el esposo de Behal, Oscar Bancio; la hermana de Godoy, Lucrecia Ancarani de Pernigotti; el doctor Santiago Barreyro y su esposa.

La causa Cigarreta comenzó a tener derivaciones a nivel nacional cuando el fiscal nacional Norberto Quantín (investiga el tráfico de bebés en la Argentina) recibió el 10 de junio de 1998 un anónimo en el que se denunciaba la presunta venta de una beba. El anónimo involucraba a Godoy y Behal. En el sobre —sin remitente y con la leyenda "urgente"— también se incluyó un fax manuscrito en el que, supuestamente, la hermana de la diputada le comunicaba a Godoy que en Misiones había nacido una beba de 2,700 kilos. Mediante un sistema de rastreo de llamados telefónicos, se estableció más tarde que el día del nacimiento de Rocío Cigarreta (23 de abril de 1997) hubo comunicaciones entre una de las dos fundaciones que preside la diputada, su hermana Lucrecia en Misiones, y la Clínica del Niño de Mar del Plata, donde nació Rocío. Luego, el juez Hooft ordenó estudios de ADN para verificar la identidad de una de las hijas de Behal. Es que, según los investigadores, ese nacimiento está registrado en una clínica oftalmológica de Posadas. Además, el médico que firmó el acta de nacimiento (el doctor Santiago Barreyro) no atendía partos desde 1984 y se había jubilado en 1996. Pero Behal no se presentó a la realización del estudio. La investigación por la desaparición de Rocío Cigarreta comenzó cuando sus padres denunciaron que, en un llamado anónimo, les dijeron: "La beba a la que le están llevando flores no es tu hija". La que atendió fue Cristina Ortizá. Después los padres denunciaron que —en otras ocasiones— recibieron amenazas también por teléfono. Por eso, el juez en primera instancia, aceptó un pedido de los abogados de los Cigarreta y ordenó un estudio de ADN: se probó que el bebé enterrado en el cementerio Parque no era la pequeña Rocío. Igual, la causa fue cerrada. Sin embargo, a partir del impulso que le dio Quantín, la Cámara de Apelaciones marplatense dejó la investigación en manos de Hooft. Luego comenzó a trabajar un grupo especial de la División de Delitos Federales de la Policía Federal, a cargo del subcomisario Alejandro Arteaga.

En los últimos días, Carlos Cigarreta y su mujer, Cristina Ortizá, entregaron un comunicado a Clarín en el que denuncian "presiones y ataques" a los investigadores, basados fundamentalmente en falsas denuncias porque, sostienen, "en Mar del Plata el tráfico de bebés existe".

La citación y los fueros

Hace poco más de un mes, apurado por el escándalo de los sobornos, el Congreso sancionó una ley que limita los fueros de los legisladores, que ahora pueden ser indagados y procesados sin dejar sus bancas. La inmunidad sólo corre si llega la orden de arresto. Dicen que el juez Pedro Hooft no se valió de esta ley para llamar a una declaración informativa —como imputada no procesada— a la diputada Godoy: también podía haberlo hecho antes. Sin embargo, según dijeron fuentes judiciales, la nueva ley le sirvió a Hooft para "disipar todas sus dudas" sobre la posibilidad de citar a la diputada. Godoy podría ser indagada y, también, procesada. ¿Qué pasa entonces con el caso del juez Carlos Fraticelli, hasta ahora amparado por sus fueros? La situación es distinta: Fraticelli es un juez provincial, mientras que la nueva ley alcanza sólo a funcionarios del ámbito nacional.